Resarcimiento a diputados disidentes aún sigue pendiente

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Rebeca Delgado y Eduardo Maldonado, los demandantes disidentes del MAS.

El resarcimiento a los diputados disidentes del Movimiento Al Socialismo, Rebeca Delgado y Eduardo Maldonado, aún sigue pendiente.

Los exparlamentarios esperan al Gobierno de Evo Morales que cumpla con el fallo dictado por el Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas (ONU), ante la denuncia de ellos.

El fallo se basa en la denuncia presentada por Delgado y Maldonado argumentando que fueron perjudicados por una norma aprobada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) en el año 2014, que les impidió ser candidatos a la Alcaldía de Cochabamba y de Potosí respectivamente, postulación que algunas encuestas les daban como favoritos.

La resolución decía que una persona que haya ejercido el cargo de diputado o senador no podía postular a un cargo para Alcalde, Concejal o Asambleísta Departamental. Ambos fueron asambleístas del MAS, pero se distanciaron de ese partido.

Dictamen 

Ayer 12 de octubre, se venció el plazo para que el Gobierno de Bolivia, cumpla con el fallo internacional que ordenó un resarcimiento económico a los parlamentarios disidentes.

Fueron 180 días lo que debían esperar los dos exlegisladores para recibir el pago económico del Gobierno de Morales, además de una satisfacción pública. Sin embargo, ni las autoridades de la Procuraduría y menos del Ministerio de Justicia acataron la sentencia de las Naciones Unidas.

En abril, el Procurador Pablo Menacho dijo que evaluará las modalidades de cumplimiento para lo dispuesto por la ONU. Pese a ello, en agosto este medio consulto al Procurador que cómo andaba el caso de Delgado y Maldonado, pero la autoridad evadió la pregunta.

Demanda

Delgado demandó un resarcimiento económico en base a los sueldos de seis meses que renunció a su condición de diputada para ser candidata, asimismo, pedirá que el Estado compense por el tiempo que hubiera ejercido el cargo de alcaldesa, porque tenía un 37% de preferencia electoral y era “virtualmente electa”. “Estamos haciendo un cálculo de lo que me impidieron del ejercicio (político), ahí se tiene que hacer un cálculo de sueldos, aguinaldos de cinco años, después lo que se gastó en personería, campaña electoral, abogados a nivel internacional, igualas, entre otros. Todo eso se tiene que sumar”, afirmó Delgado.

Dijo que darán un plazo razonable al Gobierno, pero si no cumple la decisión del comité, será una mala señal de incumplimiento de fallos internacionales, por lo que advirtió que podría elevar un informe de queja ante el Comité de Derechos Humanos. “O tendremos que hacer una nota la Comité de Derechos Humanos, para que se remita a la Asamblea de la ONU y que haya una censura en contra del Estado”, sostuvo.

Por su parte, Maldonado dijo en su cuenta de Twitter que “Hoy vence el plazo. El Comité Internacional de Derechos Humanos de la ONU, dictaminó que hubo vulneración de derechos políticos y negación de justicia a @RebecaDelgadoB y mi persona. La PGE ha guardado silencio lo que pone en entredicho la fe del Estado y subsiste la responsabilidad estatal”, publicó.

Observaciones. Delgado observó que no sucedió lo mismo en el caso Quiborax, en el que el Gobierno procedió con “diligencia” para cancelar 42 millones de dólares, en el juicio que perdió el Estado.

El 24 de mayo, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) dictó su fallo desfavorable a Bolivia, en el que perdió el juicio que sostenía desde 2006 contra la empresa chilena Quiborax. El Gobierno no demoró ni un mes en hacer la cancelación del millonario pago. “Hemos visto absolutamente diligentes en el caso Quiborax que pagaron 42 millones, pero en el caso de ciudadanos que han sido víctimas de violación de sus derechos ninguna rapidez en el cumplimiento de la resolución”, reprochó Delgado.

El Día

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