DDE registra 61 casos de agresión sexual y pone el ojo a los institutos

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El director de Educación Salomón Morales coloca el precinto de ilegal al centro intervenido/ED

Las autoridades educativas ayer clausuraron una escuela de danza porque no estaba en regla y pide a las demás que se ajusten a la norma. Se han abierto procesos para sancionar a los docentes acusados.

Entre la gestión 2017 y en lo que va de este año, la Dirección Departamental de Educación (DDE) ha registrado 61 denuncias de estudiantes sobre violación, estupro y abuso sexual que involucran a docentes de diferentes unidades educativas del departamento, por lo que cuatro de los acusados terminaron entre rejas y retirados del sistema educativo, informó el titular de esta repartición, Salomón Morales.

La autoridad indicó que en cada una de estas denuncias se ha actuado como corresponde y que los casos se están ventilando en la justicia ordinaria.

Aseguró que ahora, más que antes, los estudiantes y padres de familia se animan a sacar a la luz estos delitos. Una de las últimas denuncias que se hizo conocer fue contra un profesor de salsa de una escuela de danza, donde la víctima fue una estudiante de 16 años.

La madre de la adolescente dijo que la última vez que sucedió el abuso fue en abril de este año, pero que ella recién se enteró del hecho en junio, por lo que decidió sentar la denuncia. “En repetidas ocasiones el profesor la llevaba a la parte de atrás, donde le hacía los tocamientos”, contó la mamá. La Dirección Departamental de Educación anunció que se va a adherir al proceso que ha abierto el Ministerio Público contra el profesor.

El precintado

Las autoridades educativas ayer procedieron a precintar la escuela de danza Apasionarte, ubicada en la calle Cochabamba, que el día anterior fue notificada para que presente ante la DDE la resolución ministerial de autorización de apertura y funcionamiento, la oferta curricular y el plan de estudios de las carreras y niveles que ofrece.

Al no cumplir con dicho requerimiento, ayer el director departamental, Salomón Morales, junto con el subdirector de Educación Superior de Formación Profesional, Richard Rojas Aldana, procedieron a colocar el respectivo precintado de clausurado. En ese momento no salió ningún representante de esta institución.

Antes de este precintado, en conferencia de prensa explicó que su despacho había tomado conocimiento de que en algunos institutos imparten capacitación sin cumplir ninguna norma, pese a que su despacho sacó una instructiva para que todos los institutos legalicen su situación.

Adelantaron que harán seguimiento a todos los institutos para tomar acciones contra los que funcionan ilegalmente. Rojas recordó que en abril se dio un plazo de 60 días a los centros para que regularicen su situación, porque se estima que hay más de 200 en la capital cruceña, pero no todos están con su documentación en orden.

Morales recordó que todos los centros deben exhibir su licencia de funcionamiento en algún lugar visible de la institución.

CUATRO PROFESORES HAN TERMINADO ENTRE REJAS POR COMETER DELITOS CONTRA LOS ALUMNOS

Las autoridades educativas departamentales informaron de que hay cuatro docentes que han sido enviados a la cárcel por cometer delitos de violación y vejámenes contra estudiantes. “Corresponde a la Dirección Departamental de Educación hacer el seguimiento para que todos estos agresores puedan ser penalizados”, enfatizó Salomón Morales, máxima autoridad del sector.

Hay una instructiva a los directores distritales para que puedan reportar hechos de esta naturaleza. La dirigencia de los maestros dijo que no se encubrirá a ningún docente que cometa estos delitos.

El 9 de agosto, Día nacional de la solidaridad con las víctimas de agresiones sexuales y en contra de la violencia sexual en niños, niñas y adolescentes, fueron divulgados los datos de escolares agredidos en Santa Cruz, desde 2017.

La Gobernación y el Tribunal Departamental de Justicia suscribieron un convenio que permitirá que todo juzgado que conozca un proceso de agresión sexual o de trata de personas, donde las víctimas sean menores de edad, tendrán la obligación de poner en conocimiento al Centro de Atención Terapéutica para que reciba tratamiento sicológico y apoyo legal, explicó Rossy Guarachi, responsable de esa repartición.

El Deber

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